Mónica Permuy: “Estamos en un momento de vulnerabilidad tan extrema, que cualquier política que aleje la atención primaria de los ciudadanos puede ser de elevado riesgo para la infancia”

Días después de la celebración de las Jornadas de análisis del Anteproyecto de ley de Protección a la Infancia, organizadas por Fundación Meniños junto con Grupo 5 y Cruz Roja y desarrolladas el pasado 27 de octubre de 2014 en Madrid, Mónica Permuy, directora de Meniños, reflexiona sobre las conclusiones.

Mónica Permuy López, directora general de la Fundación Meniños

Mónica Permuy, directora general de la Fundación Meniños

“El anteproyecto de protección de la infancia abre nuevas oportunidades, siempre centradas en el interés superior del menor”

P: ¿Cómo se desarrollaron las jornadas y cuál era su objetivo?

R: Las jornadas se dedicaron a analizar y debatir las implicaciones que tendrá la actualización de la legislación de protección a la infancia en nuestro país, en la cual se producirá –si el anteproyecto es aprobado– un cambio altamente demandado por parte de organizaciones privadas, ONG y otras asociaciones que trabajan en protección a la infancia, así como desde distintas administraciones públicas que, de forma coordinada, tienen obligaciones en materia de protección. Se trata de una demanda que mantenemos desde la anterior legislatura, y que parece que fructifica en ésta.

De momento, el anteproyecto nace en un clima de consenso, y, en este sentido, la jornada fue planteada para analizar qué oportunidades se abren con el nuevo proyecto, pero también si existen posibles amenazas, dada la situación actual. Debemos recordar que, aunque se trata solo de un anteproyecto, en él no se menciona nada de la dotación presupuestaria.

 “Un punto muy fuerte de las jornadas fueron las ponencias, impartidas por expertos en la protección de la infancia”.

P: A su juicio, ¿cuáles fueron los puntos clave a tratar?

R: Un punto muy fuerte de las jornadas fueron las ponencias, impartidas por personas que tienen una responsabilidad muy alta en la construcción de este anteproyecto de ley. Por parte de la Administración, contamos con la presencia y el análisis de la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, Salomé Adroher Biosca; y con Consuelo Madrigal, la Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado. Por parte de los colectivos sociales, como puede ser el grupo de trabajo del Observatorio de la Infancia, contamos con personalidades de reconocido prestigio, como el profesor titular de Derecho Civil, Carlos Villagrasa; Ignacia Arruabarrena -una de las profesoras universitarias con más prestigio en el abordaje de situaciones de riesgo en la infancia y de la organización de las distintas actuaciones que se deben promover, tanto en la parte de protección como en la parte de intervención-; o con la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Ana Lima.

P: ¿Qué oportunidades abre el nuevo marco normativo?

R: En las jornadas, el análisis fue muy completo, tanto desde el punto de vista del Derecho -que es fundamental, porque a partir de ahora nos moveremos con nuevas reglas-, como desde el punto de vista de la propia intervención. En este sentido, está claro que el anteproyecto abre nuevas oportunidades, siempre centradas en el interés superior del menor, y cambia cuestiones esenciales, como por ejemplo la definición del acogimiento o las medidas de adopción. También introduce algo que no existía hasta el momento en España: la adopción abierta.

P: Y esto es todo un reto.

R: Nuevas oportunidades significan nuevos retos, y ahora se nos presenta un reto importante: mejorar y adecuar la estructura de recursos desde la parte de la atención primaria –desde la prevención de la desprotección–, como desde la parte de los servicios sociales especializados. Todo esto nos va a exigir una reorganización a nivel estatal, porque estamos trabajando en un territorio con 17 autonomías y cada una tiene competencia en materia de protección a la infancia. La nueva ley deberá exigir coordinación interestatal, porque es fundamental que haya homogeneidad a la hora de ofrecer más garantías a la infancia en todo el territorio español, cuestión que es difícil de abordar cuando no se sintonizan las políticas.

P: ¿Y qué amenazas se han identificado?

R: Además de la necesidad de sintonizar políticas, existe una amenaza importante, que fue identificada en esta jornada: la situación en la que estamos. Varias entidades (Oxfam, Unicef…), han presentado en las últimas semanas informes propios sobre la situación de la infancia en España. Se trata de un grupo de edad que es extremadamente vulnerable por su condición de persona en desarrollo, que no tiene capacidad propia para ejercer sus derechos, sino que los tiene que ver ejercidos por un adulto. En este sentido, situaciones como la pobreza se están cebando en este grupo de población. Con esta situación de la infancia en España, con esta política de recortes que estamos viviendo, no sabemos cómo va a ser posible garantizar que una ley tenga la dotación, los recursos y la organización necesaria para ponerse en marcha. Es muy importante recordar que esto puede suponer una amenaza en la garantía de los derechos del menor.

En este sentido, cabe recordar que la dotación presupuestaria en Infancia, en Educación y en Protección Social, se estima que ha caído, desde 2010, en más de seis mil millones de euros, un dato con el que se debe contar a la hora de crear nuevas políticas.

También se debe de tener en cuenta que, paralelamente, existe un II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia que nos coordina interterritorialmente, y que se está ejecutando una reforma de la Administración Local cuyas repercusiones en las políticas de la protección a la infancia aún no son conocidas.

Realmente, una ley tan transversal como va a ser ésta, que va a afectar a muchísimas regulaciones, que afectará a los primeros servicios en contacto con el ciudadano, los servicios sociales de Atención Primaria, y que se pone en marcha en un momento en el que se está dando un importante recorte presupuestario, ¿cómo va a ser posible que funcione? Porque esta nueva ley de racionalización del gasto en las administraciones locales establece también una diferenciación en la prestación de servicios sociales, situando algunos de estos servicios fuera de la atención directa al ciudadano. Y estamos en un momento de vulnerabilidad tan extrema, que cualquier política que aleje estos servicios de los ciudadanos puede ser de elevado riesgo para la infancia.

P: ¿Qué otras novedades incluye el anteproyecto?

R: Esta reforma de la legislación tiene gran calado, ya que afecta a 13 normas vigentes. Como puntos fuertes establece un nuevo marco de derechos y deberes a los menores, muy importante, y regula de forma muy completa y fundamental, el derecho del menor a que su interés superior -algo que ya tenían en cuenta las leyes anteriores-, destacándolo como una consideración primordial. Esto quiere decir que, además de contemplar el interés superior del menor, lo incorpora como principio fundamental  e interpretativo en la aplicación  de la ley, como derecho  substantivo del menor  que prima frente a otros y como norma de procedimiento.

Incidiendo en aspectos de leyes anteriores, se prioriza y agiliza el acogimiento familiar, se crea un sistema de información compartida entre la administración central y las autonomías, -algo que tiene que trabajarse más porque podría dar lugar a desigualdad en las garantías que debe tener todo ciudadano-, y se ofrece un marco más completo de protección a los menores víctimas de violencia de género y de otros delitos, abriendo una nueva puerta que profundiza un poco más que en las legislaciones anteriores.

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